La asamblea ha votado la siguiente conclusión confirmatoria de la orientación adoptada por la Asamblea Regionalista
En cumplimiento de tal acuerdo, se ha remitido a los representantes de ese Poder, el documento que se transcribe a continuación:
AL GOBIERNO DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
Afirmando la existencia indubitable de la personalidad andaluza y el derecho indiscutible a regirse por sí misma con absoluta libertad, sin perjuicio de los fines federativos, la Asamblea Andalucista
Hase tenido hasta ahora en España por criterio gubernamental y por soluciones gubernamentales, únicamente aquellas que se inspiran en un respeto fanático e intolerante al interés creado de las clases plutócratas, y no en la conservación y perfeccionamiento de la colectividad sometida a la tutela del poder público; de aquí que en España, los hechos colectivos háyanse adelantados siempre a la previsión gubernamental, la cual ante todo consideró la intangibilidad privilegiada de aquel interés; siendo por esto, milagroso que la existencia de un hecho fortuito de esa índole, no haya dado al traste con la existencia de la sociedad española.
Nosotros y el resto de España, no debemos consentir y nos hallamos dispuestos a no tolerarlo, el que, por ejemplo, el respeto absoluto a ciento o quinientos latifundistas que ejercen un derecho de propiedad absurdo sobre las tierras de esta Región, determine el perecimiento de la colectividad andaluza y española. Por esto pedimos que el Gobierno español, inspirándose en el ejemplo últimamente ofrecido por Rumanía, nación que tantas analogías ofrece con Irlanda y Andalucía en este orden de la distribución de las tierras, evite la revolución sangrienta y abra cauces evolutivos a la Revolución pacífica.
Considerando:
Considerando:
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| Blas Infante y su madre, Ginesa Pérez de Vargas y Romo |
I- Que el problema base de Andalucía es el de las tierras. Repartidas en grandes proporciones durante la conquista entre los nobles que ayudaron a los reyes españoles; consumado por la desamortización el despojo de los terrenos que pertenecían al Municipio como caudal de propios, y, por último, protegido el gran propietario territorial por el cacique político, que premió su ayuda en las elecciones con bajas de contribución, las cuales se tradujeron en aumento de los líquidos imponibles de los pequeños terratenientes, imposibilitados de conservar sus tierras, operose la gran concentración de la propiedad territorial andaluza en manos de muy pocos señores, y la conversión del labrador andaluz en jornalero campesino, el cual constituye el ochenta por ciento de la población andaluza, y cuyas miserias horribles le han determinado en situación especial de opresión, más acentuada que la de ningún otro trabajador del mundo, hasta el punto de que lo mismo el Instituto de reformas sociales, que no pocos escritores extranjeros, lo han reconocido y proclamado así, para vergüenza de España y de Andalucía.
De la acumulación de la propiedad territorial, el Gobierno puede tener noticias concretas, pidiendo a los amillaramientos o a las oficinas de cada término municipal, nota de la extensión de los respectivos términos municipales y de las fincas de mayor cabida que dentro de los mismos se encuentran, y hallará, en vista de esos datos, lo que considerando los mismos, hemos encontrado nosotros; esto es: latifundios tan extremos como Partidos judiciales y pueblos enteros, con casas y tierras en poder de uno o varios señores.
II- La Asamblea Regionalista , previo estudio detenido de todos los términos del problema, sólo encuentra como posible encauzadora por vías legales la siguiente solución: Los poderes públicos españoles promulgarán antes de la época de recolección de las cosechas en Andalucía, una ley inspirada en las bases que a continuación se expresan:
1.ª-Se decreta la expropiación del valor social de las tierras pertenecientes a Andalucía.
La propiedad de los respectivos términos municipales, será atribuida al municipio como terrenos del procomún.
2.ª-La valoración de las tierras y de sus mejoras, distintamente, se llevará a cabo en cada municipio por peritos tasadores que designe el pueblo, directamente elegidos por sufragio, con la intervención del propietario, siguiéndose para dirimir diferencia un criterio análogo al que traduce la actual ley de expropiación por causa de utilidad pública.
3.ª-Los propietarios de predios que se encuentren en poder de causahabientes hereditarios de aquellos que los adquirieron por la conquista o la desamortización, no tendrán derecho a indemnización alguna, en cuanto a los terrenos que posean sin mejoras debidas al trabajo humano.
Las mejoras, cultivos, arbolados, edificaciones, etc., que contuviesen los predios de tal procedencia quedarán en poder de sus actuales propietarios, así como la posesión privada de las tierras que contengan dichas mejoras, sin perjuicio de pagar al Municipio la renta económica o valor social anual, correspondiente al suelo expropiado, a favor de la colectividad municipal.
4.ª-Los propietarios que deban ser indemnizados a tenor de lo prescrito en la base anterior, lo serán con títulos emitidos por un organismo regional que al efecto se cree, los cuales títulos serán representativos de una deuda pública regional, garantizada por el Estado Español.
Los municipios andaluces contribuirán al pago de esta deuda, proporción a la cuantía de la renta que hubieren de percibir sobre las tierras, conforme a este decreto de expropiación.
La deuda se amortizará por sorteo de los títulos en el plazo que al efecto se designe.
5ª.-Se constituirán forzosamente en cada Municipio andaluz, Sindicatos de jornaleros campesinos, asesorados por técnicos oficiales y con reglamentación adecuada a evitar discordias entre sus componentes, a los cuales Sindicatos se entregarán para su distribución o explotación, todas las tierras no mejoradas que se encuentren en poder de causabientes hereditarios de los propietarios que lo fueran por la desamortización y la conquista.
Córdoba, 24 de marzo de 1919.
Blas Infante, Presidente de la Asamblea , Francisco Córdoba Fuentes y José Morón Rubio, Secretarios.
Eloy Vaquero, Francisco Azorín, José Guerra Lozano, Berbardo Garrido, Emilio Urbano, Pablo Troyano, Enrique Suárez y Manuel Cáceres, Concejales de la minoría regionalista-republicana del Ayuntamiento de Córdoba.
Dionisio Pastor, Presidente del Centro Andaluz de Córdoba; Eugenio García Nielfa, Director de la Revista ANDALUCÍA.
Manuel García Bernal, Francisco Pineda, Antonio Gil Muñiz, Ramón Carreras, Francisco Salinas, Alonso del Rosal, Rafael Bernier, José Millán, Pascual Carrión, Jesús Alfonseca, Francisco Piqueras, Enrique Salgado, Jesús Martín, Horacio Fernández, Antonio Goris Aguilar, Antonio Carmona, José Blanco y Francisco Muñoz Leal, Asambleístas de las provincias andaluzas”
"Conclusiones de la Asamblea de Córdoba. A todos los habitantes del territorio andaluz y, principalmente, a los Centros de Jornaleros campesinos de Andalucía", Andalucía. Revista semanal independiente, nº 134, año IV, 29/Marzo/1919, pág. 3-4
Fuente: RUIZ LAGOS, Manuel, El Andalucismo Militante. Dialéctica y crónica del “Ideal Andaluz”, Jerez de la Frontera, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1979
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| Andalucía, nº 157 |
