La convocatoria de manifestación conjunta a nivel nacional partió de la Plataforma Andalucía por sí y contó con la adhesión del Bloque Andaluz de Izquierdas (BAI) -en ese momento formado por el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), el Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), jaleo!!! y Espacio Revolucionario Andaluz-Espacio Alternativo (ERA-EA)-; Iniciativa Socialista de Izquierdas (ISA); Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA); Juventudes Comunistas de Andalucía (JCA); Nación Andaluza (NA); Partido Andalucista (PA); Partido Comunista de Andalucía (PCA); Partido Socialista de Andalucía (PSA); y Sindicato de Obreros del Campo (SOC).
En cambio, rechazaron expresamente la invitación Acción Alternativa-Algarive (antiguo MCA) y Los Verdes (LV), que de hecho apoyaron la reforma del Estatuto propuesta por la Junta de Andalucía.
“Andalucía está atravesando una etapa de posibilidades y, a la vez, de grandes riesgos para su presente y para su futuro. Hemos sufrido en las últimas décadas una transición brutal en todos los aspectos relevantes que marcan la vida de una comunidad. Hemos crecido económicamente, hemos avanzado en lo social... Indudablemente, estamos mejor que hace varias décadas en muchos aspectos, sobre todo materiales, pero también nuestra vida colectiva e individual se ha cargado de valores enfrentados a la solidaridad, al comunitarismo, a la preocupación por los demás y a nuestra propia cultura andaluza. La globalización mercantilista y la idea, parcialmente correcta pero también parcialmente falsa, de que pertenecemos al Norte en contraste con el atrasado y angustiado Sur, ha hecho que, a veces, bajo el signo del conformismo, tengamos la tentación de instalarnos en la cultura de la satisfacción con lo que hay y olvidemos lo que somos y lo que aspiramos a ser. También cuesta cada vez más trabajo mostrar la crítica o el deseo de superación ante el hecho, más o menos cierto, de que “siempre somos los mismos” y ante quienes nos dicen “que nunca estamos contentos con nada”. Y, efectivamente, no estamos contentos con nada ni con poco, porque el tema no es cuantitativo ni sólo subjetivo; es, sobre todo, cuestión de analizar nuestra realidad y la perspectiva en la que nos encontramos. La realidad demuestra que nuestra situación económica y social deja mucho que desear si la comparamos no sólo con nuestro pasado sino con el presente de otras Comunidades Autónomas del Estado. Las tasas de paro, de precariedad en el empleo, de siniestralidad laboral, de casos de cáncer, de fracaso escolar...; el nivel de dependencia, el déficit de infraestructuras y de equipamientos sanitarios, culturales y educativos...; el desmantelamiento del potencial agrícola, forestal, ganadero, pesquero, minero, industrial...; a cambio de centrar nuestras actividades en los servicios y del turismo, también nos ha hecho más vulnerables. Hemos tenido, sin duda, crecimiento, pero también un desarrollo desigual, con desequilibrios territoriales importantes, véanse si no las diferencias entre el litoral y el interior, entre las áreas metropolitanas y las periferias. Y, sobre todo, nuestro crecimiento se ha basado demasiado en procesos especulativos, no en una economía sólida con capacidad de desarrollar nuestras propias potencialidades. Por otra parte, el peso de Andalucía en el conjunto del Estado sigue siendo muy escaso, a pesar de que el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistó el derecho al autogobierno y a una autonomía de primer nivel. Y esto hace que la voz de Andalucía apenas cuente en las decisiones claves en el Estado Español y en la Unión Europea, con la consiguiente imposibilidad de defender nuestros intereses colectivos. En este contexto, las perspectivas que se abren ante nosotros los andaluces y andaluzas requieren un papel activo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de las instituciones. El grado de autogobierno alcanzado gracias a la conciencia ciudadana andaluza en los años setenta y comienzos de los ochenta del pasado siglo fue en realidad la apertura de un proceso de descentralización política con una visión federal y solidaria que vino a romper el esquema asimétrico que algunos pretendían. Andalucía reclamó en su Estatuto, como expresión de su identidad histórica, cultural y política, el derecho al autogobierno para resolver sus problemas económicos y sociales y reafirmar su identidad. Sin embargo, aquella conciencia fue adormecida progresivamente y, junto a la desarticulación social y las políticas clientelares que se han venido realizando desde el gobierno andaluz, la sociedad civil y las organizaciones sociales han perdido pulso reivindicativo y capacidad alternativa. Y ello ha provocado, a su vez, que el debate sobre Andalucía quede circunscrito realmente a una minoría institucional y a una confrontación artificial entre los dos partidos estatales mayoritarios, y sea vista como una cuestión para la discusión de “expertos”. Ante la reformulación del modelo de estado que se está proponiendo desde diversos ámbitos territoriales y políticos del Estado, Andalucía debe plantear, sobre la base de la reafirmación de su identidad histórica, cultural y política, sus exigencias de las mayores cotas de autogobierno que le corresponden como nación. Y en la reforma del Estatuto de Autonomía que se está gestando, dejar clara la voluntad que en su día los andaluces pusieron de manifiesto, reflejando en él las conquistas conseguidas y las reivindicaciones que han surgido en nuestra tierra: los derechos sociales, económicos y civiles conseguidos y los que quedan por conseguir en esta etapa histórica, la defensa y desarrollo de la cultura andaluza en un marco de interculturalidad, y la descentralización política que garantice la autonomía municipal, el papel de las comarcas y la participación ciudadana en el más amplio sentido que la democracia requiere. El nuevo Estatuto debe garantizar el nivel de autogobierno necesario para que Andalucía pueda caminar por sí, en pie de igualdad con los otros pueblos del Estado Español, y para que pueda intervenir activamente y desde sus propios intereses en la construcción europea y en las relaciones de cooperación y solidaridad con todos los países y pueblos del mundo. El Estatuto debe dotarnos de capacidad y soberanía para decidir en el ámbito de nuestras potencialidades económicas, sociales y culturales y hacer posible el acceso igualitario a los bienes y servicios: a un trabajo digno, a la cultura, a la educación, a la salud, a la vivienda y a los mecanismos de protección social que entre todos vamos construyendo. Los andaluces y andaluzas que suscribimos este manifiesto asumimos el compromiso de difundirlo y hacerlo valer ante las instituciones y con los movimientos sociales, para crear un estado de opinión que se constituya en un auténtico poder andaluz que propicie la consecución de nuestras reivindicaciones como pueblo y que genere el grado de conciencia y de responsabilidad necesarios para que Andalucía se sitúe en un plano de igualdad y solidaridad en todos los ámbitos con el resto de los pueblos del Estado.”
